Patricia García exige al gobierno que “informe sobre la ilegalidad del sistema de pagos de la promotora de vivienda protegida en El Montecillo”
La portavoz de Unidas afirmó que “estamos ante la crónica de un desastre anunciado” y reclamó al PP que asuma su responsabilidad, proteja a los vecinos y garantice que las viviendas se venden a precios legales”.
El Concejal de Servicios Sociales se remitió a la Orden de la Consejería de Vivienda leyendo los precios máximos e indicando que deben cumplirse, pero no explicitó actuaciones o medidas por parte del gobierno local
17/02/2021 – La portavoz del grupo municipal de Unidas por Las Rozas, Patricia García Cruz, se dirigió al Concejal de Urbanismo en la sesión plenaria municipal para cuestionar la decisión de haber dejado en manos de una empresa privada el desarrollo de vivienda de protección en la parcela del Montecillo.
“Es la crónica de un desastre anunciado”, afirmó. Criticó la venta de la última de las parcelas municipales para dotar a Las Rozas de una promoción de vivienda protegida con precios asequibles para nuestros vecinos. “Ese es el fin de la vivienda de este tipo. Pero ustedes, con nuestro voto en contra, decidieron vender la parcela a una empresa privada”.
Patricia García recordó las advertencias que “les hicimos. La única forma de garantizar viviendas a precios sociales es que la parcela hubiese permanecido en manos públicas y que el ayuntamiento construyese las casas”. Denunció que la empresa promotora “está comercializando las viviendas de la promoción “El mirador del Montecillo” a precios que van desde 358.000 a 425.000”.
“Están ofreciendo las viviendas a unos precios fuera de la ley”.
Explicó que la empresa promotora se acogió a la tipología de vivienda protegida más cara, la de precio limitado”. Pero ni siquiera están respetando el precio máximo por m2 que establece el reglamento de la Comunidad de Madrid. “Están ofreciendo las viviendas por unos precios fuera de la ley”, enfatizó García Cruz.
Denunció que la promotora privada ofrece a los interesados entrar en una cooperativa y les pide 80.000e para reservar las casas en “una parcela que aún no es de su propiedad porque no la han pagado al ayuntamiento, un dinero que pretenden que no figure en los contratos a fin de burlar la ley”.
Patricia García exigió al gobierno del PP que “asuma alguna responsabilidad, protejan a los vecinos, garanticen que las viviendas se venden a precios legales y eviten que la gente caiga en una situación grave. Es ilegal”.
La portavoz de Unidas reclamó al ejecutivo local que “denuncie la situación ante la CAM para que adopte medidas. Informe desde el ayuntamiento sobre la ilegalidad de lo que propone la promotora, y expliciten un compromiso a no vender más suelo municipal a empresas privadas a fin de atajar la especulación.
Respuesta del Concejal de Servicios Sociales
El concejal de Servicios Sociales se limitó a describir las características, ya conocidas, de la parcela, que está destinada a la construcción de vivienda protegida. Enumeró los precios máximos establecidos en la Orden de la Consejería de Vivienda para este tipo de viviendas y finalizó señalando que “estas condiciones deben observarse y cumplirse”, sin explicitar acciones, actuaciones o medidas a emprender por parte del gobierno local ante esta situación, tal y como demandaba Patricia García.